Es indudable que todos los analistas sitúan la tecnología y especialmente las telecomunicaciones como un sector clave para el cambio del modelo productivo del país.
Mejores redes de comunicaciones permiten mejores servicios y mas sostenibles. Mejores infraestructuras propician la atracción de inversiones y por lo tanto de empleo y mejora en el posicionamiento de las ciudades para afrontar el futuro con éxito.
Parece, por tanto, que el camino de la tecnología debe de estar presente en cualquier plan de mejora (de ciudades, de empresas y entidades) que aspiren a posicionarse de manera competitiva en el actual panorama socioeconómico del país.
Este convencimiento se ve reforzado por una realidad a pie de calle y que se plasma de manera notable echando un vistazo a los últimos datos publicados en el informe del sector de la Comisión Nacional del Mercado de las Tecnologías y de la ONTSI. Las líneas móviles y especialmente las dedicadas al tráfico de datos han aumentado más de un 27%, pero sobre todo cada vez hay mas ciudadanos que exigen servicios desde sus aplicaciones móviles y que no solo demandan cantidad de servicios si no calidad, rapidez y sencillez en los mismos.
Las administraciones se encuentran ante este escenario en medio de importantes cambios que están modificando el paradigma de la prestación de servicios al ciudadano y que suponen el paso de la puesta a disposición de más y más servicios esperando que sean utilizados por el ciudadano a “llevarles” estos servicios a sus lugares de residencia, en este caso su residencia “electrónica” que no es otra que la red. Pero este esfuerzo será en vano si no procuramos también la conectividad de las personas a través de redes de calidad que faciliten este uso.
Esta clara tendencia hacia la movilidad no solo de las cosas si no también de los servicios nos aboca a potenciar y promover las infraestructuras de comunicaciones convirtiéndolas en elementos imprescindibles en toda ciudad.
La realidad es que las administraciones deberían jugar un papel dinamizador primordial en este aspecto evitando intervenir de manera intrusiva en un sector que ya cuenta con una madurez consolidada de manera que estos esfuerzos deberían ser compartidos entre las administraciones y las empresas aplicando modelos de colaboración público privada que eviten duplicidades en los despliegues de redes y servicios.
Esta premisa ha sido bien comprendida por un sector que en estos momentos de dificultades económicas aumenta su inversiones en una clara apuesta de futuro y debería percibirse por las administraciones como un elemento primordial de estos servicios además de potenciar los ecosistemas de uso. Los ayuntamientos y entidades públicas deberían empezar a desterrar los anticuados modelos de autoprestación y propiedad de sistemas ofreciendo soluciones de neutralidad y garantías sobre infraestructuras existentes. Estos modelos ya han demostrado su ineficacia en el enorme cementerio de WiFi’s municipales sin servicio abandonadas o sin uso y muy obsoletas tecnológicamente que se han visto superadas en prestaciones y economía por el rápido avance de otros sistemas de comunicación sobre redes de operador.
Pero no hablamos sólo de la aplicación de la administración electrónica, o de las WiFi’s municipales si no de aprovechar el dulce momento de las infraestructuras de telecomunicaciones para avanzar y hacerlo rápidamente hacia un modelo de ciudad inteligente y sostenible donde los servicios en movilidad, sensorización, análisis de datos y herramientas de gestión deben convivir y consolidarse a través de medios electrónicos.
En este proceso de metamorfosis debemos el sector tecnológico es primordial para sustentar un modelo sobre las redes y sistemas de calidad que una ciudad debe ofrecer a sus ciudadanos.
Este escenario se nos antoja ideal para potenciar la plena colaboración publico privada con proyectos desarrollados conjuntamente que eviten duplicidades y gastos innecesarios tanto a las entidades, como a los proveedores tecnológicos y, por supuesto, a los ciudadanos.